La fiscalía exige a la empresa Heckler & Koch una pena de entre 22 y 33 meses de prisión y una multa de 4,1 millones de euros. Incluso el ex presidente del Tribunal de Distrito, Peter B., es amenazado con una sentencia de prisión suspendida.
Autor: Jan van Aken
Informe del 26º día del juicio, el 24 de enero de 2019
Para comenzar, el fiscal mayor Erkert le dio un enfoque más bien político y no tanto jurídico a su informe: no reconoce "negligencia contribuyente" por parte de las autoridades alemanas; más bien se trató de un "artificio fraudulento perfecto" por parte de las autoridades mexicanas, quienes “a instancias de HK” cambiaron las declaraciones de destino final. Llegó al extremo de decir que, en verdad, fueron las autoridades alemanas mismas las agraviadas.
A continuación, dio de nuevo una vista de conjunto de todo el asunto, mencionando cada una de las numerosas entregas. En total se suministraron 9.800 G36 por un valor de 8,8 millones de euros, de los cuales 4.702 fusiles por un valor de 4,1 millones de euros fueron a parar a los cuatro estados prohibidos. Además, se entregaron dos ametralladoras MP5 por valor de 2064 euros a Guerrero
Todos los permisos se obtuvieron subrepticiamente, ya que nunca se nombró a los verdaderos clientes. Para los cuatro estados federales prohibidos (Chiapas, Chihuahua, Guerrero y Jalisco) nunca se solicitó autorización, y por lo tanto nunca se extendió permiso alguno para exportar armas con ese destino.
Un aspecto central, con vistas a la sentencia, es dilucidar qué es lo que sabían los acusados. Las exportaciones se autorizaron bajo la premisa de que los solicitantes no tuvieran conocimiento de que las armas, al llegar a México, se estaban desviando a lugares diferentes de los manifestados en las declaraciones de destino final. Todos los que estuvieron involucrados en el negocio sabían perfectamente que la entrega a los estados federales conflictivos no estaba permitida.
Literalmente, el fiscal manifestó: "No está correcto, que el suministro de armas a México quede impune, si la entrega se hizo a sabiendas que terminarían en estados para los que no se habían solicitado". "¡De lo contrario, todo el AWG (Ley de Comercio Exterior alemana) saldría sobrando!" "Las Declaraciones de destino final son un mero y engañoso artificio de papel ".
Formación de bandos
La fiscalía asume que en Heckler & Koch se formó un bando cuyo objetivo era crear un artificio de papel para hacer viable la autorización de las exportaciones a México. Se esforzaron mucho por obtener las declaraciones de uso final adecuadas, sabiendo al mismo tiempo, que éstas no ostentaban en lo absoluto a los destinatarios reales.
Los principales perpetradores fueron Axel H., difunto ya, y Markus B., residente en México (cuyo caso se separó por estar supuestamente enfermo y no estar en condiciones de viajar). De los demás acusados, a Marianne B. e Ingo S. se les tiene por presuntos miembros del bando.
Del ex gerente de ventas Ingo S. se dice que fue cómplice. En opinión de la fiscalía, él sabía que las declaraciones de destino final y el destino final real no coincidían. Se le imputa haber violado la ley KWKG (Ley de Control de Armas de Guerra) en tres casos particularmente graves; le amenaza con una pena de prisión de 2 años y 9 meses.
La antigua oficinista Marianne B., por otra parte, no fue cómplice y sólo se le podría acusar de complicidad secundaria. El hecho de haber seguido órdenes es un atenuante para su sentencia; por otra parte, contribuyó ampliamente al crimen con su labor y en todo momento tuvo conocimiento completo del negocio con México. En cuatro casos se la acusa de complicidad secundaria por haber violado a KWKG, además la AWG en un caso particularmente grave. La fiscalía exige una pena de prisión de 2 años y 6 meses para ella.
Observaciones de Jan van Aken:
Considero que es una verdadera infamia querer
imponerle a una empleada subalterna una pena
casi tan alta como la del gerente deventas
responsable, quien percibió un cuantioso sueldo
en un puesto alto en la jerarquía de la empresa.
El antiguo presidente del tribunal de provincia, Peter B.
En opinión de la fiscalía, Peter B. se hizo culpable, en su condición de antiguo encargado oficial de relaciones con las autoridades y, más tarde, también como responsable de las exportaciones de Heckler & Koch. No fue miembro del bando y no actuó por obtener para sí ventajas comerciales.
Sin embargo, desde el 8 de diciembre de 2006, sabía que las declaraciones de destino final eran una simulación fraudulenta. En aquella fecha se le envió un correo electrónico informándole que se habían descubierto armas en el estado prohibido de Guerrero y que ese estado había pagado una entrega a partir de mayo de 2006. Bien sabía que no estaba autorizado realizar entregas a Guerrero. No obstante, prosiguió enviando declaraciones de destino final a las autoridades encargadas de la concesión de licencias; en su calidad de representante de exportación, se abstuvo de dar marcha atrás a las exportaciones.
Como atenuante en la sentencia deberá considerarse el mérito especial de la labor de Peter B como presidente del tribunal de provincia.
No logro entender personalmente por qué la labor en el Tribunal de Provincia tenga más mérito que la labor de una oficinista.
Como en cuanto a Peter B. no se da el caso se suma gravedad (no perteneció al bando, no actuó por interés comercial), el ministerio público piensa imponerle una pena total de 1 año y 10 meses, que, a cambio de con un pago en efectivo de 200.000 euros, podría conmutarse a libertad condicional
Joachim M. y Wolfram M.
La fiscalía exige la absolución de ambos, por no poder comprobarse dolo ni culpa lata en su proceder, tampoco puede considerase el cargo de negligencia, ya que no pudo esclarecerse. de que manera hubieran podido los dos reconocer la infracción cometida por los demás acusados.
Heckler & Koch GmbH
HK es "tercero beneficiario" en el proceso, la empresa se benefició con los delitos cometidos por los empleados. El Ministerio Público solicita la inclusión de una cantidad correspondiente a la suma total del precio bruto de compra de todas las armas que llegaron a los estados federales en cuestión. La fiscalía calculó el precio total de esas armas en 4,104 276.37 euros. Si el tribunal admite que no puedan deducirse de esa cantidad los gastos de producción de las armas, el asunto le saldrá bien caro a Heckler & Koch.
Y eso con toda razón.
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Traducción del alemán: María-Eugenia L. Valencia
La versión original alemana puede consultarse en https://www.rosalux.de/news/id/39885/heckler-koch-prozesstag-26-plaedoyer-der-staatsanwaltschaft/